Por Alejandro J. Lomuto

El gobierno de Colombia y las FARC están haciendo todo lo posible para suscribir el acuerdo definitivo de paz el 23 de este mes. El presidente Juan Manuel Santos dijo hace diez días que, según “algunos estudios”, la tasa de crecimiento de la economía se acelerará, quizás hasta el doble de la actual, “una vez consolidada la paz”. No hay duda de que la firma de ese convenio representará un gigantesco paso adelante en la historia colombiana. Pero también puede ser el origen de una gran frustración si no se construyen adecuadamente las expectativas acerca de sus posibles consecuencias.

Para empezar, la paz con las FARC no significará el fin absoluto del conflicto armado en el que Colombia vive inmersa desde 1948. Sí es cierto que ese problema quedará reducido tal vez a su mínima expresión histórica, tras la desmovilización anterior de otros grupos guerrilleros y la considerable disminución ‒especialmente si se la compara con la de las décadas de los 80 y los 90‒ de la violencia provocada por las organizaciones narcotraficantes y paramilitares. Pero aún actúan bandas de narcos y de paracos, y, por más que manifestaron en varias ocasiones su interés en iniciar un proceso similar al encarado con las FARC, también los grupos guerrilleros Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL).

Del EPL se supone que queda muy poco: acaso uno o dos centenares de militantes, bien pertrechados y más dedicados al narcotráfico que al marxismo, con presencia limitada al Catatumbo, una zona del departamento Norte de Santander rica en petróleo y fronteriza con el estado venezolano Zulia.

El ELN, aunque también está disminuido en comparación con otros tiempos, conserva entre 1.500 y 3.000 efectivos distribuidos en varias regiones del país. Y aun cuando desde hace más de un año lleva adelante conversaciones reservadas con el gobierno ‒admitidas públicamente por sus comandantes y por el propio Santos‒ con el fin de abrir un proceso similar al que está por completarse con las FARC, ese diálogo todavía no tiene fecha de comienzo y sus guerrilleros siguen secuestrando, asesinando y cometiendo atentados. 

Además, en los últimos tiempos comenzaron a actuar en zonas de los departamentos Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca de las que las FARC se retiraron como consecuencia de sus negociaciones con el gobierno, según denunció a fines de febrero la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Pocos días antes, el diario El Tiempo había publicado una investigación en la que afirmó que jefes del ELN estaban reclutando a guerrilleros de las FARC que no están de acuerdo con el proceso de paz. Por cierto, en febrero recrudecieron tanto las acciones del ELN como la persecución de las Fuerzas Militares a esa organización. 

Paralelamente, se calcula que entre 5.000 y 6.000 personas forman parte de las menos de 10 bacrim (acrónimo de bandas criminales emergentes), organizaciones formadas por disidentes de la desmovilización masiva de cerca de 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ocurrida en 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esos grupos, entre los que figuran Águilas Negras, Clan Úsuga, Los Rastrojos y Oficina de Envigado, controlan el narcotráfico ‒tras la desaparición de los grandes carteles de los 80 y los 90, como los de Medellín, Cali y el Norte del Valle‒ y se dedican también a actividades como el secuestro extorsivo, el contrabando y la minería ilegal, en muchos casos en alianza con las organizaciones guerrilleras. 

A las bacrim se atribuyen los recurrentes ataques a dirigentes y activistas humanitarios, que en 2015 aumentaron 9 por ciento en relación con 2014 y fueron en total 682, entre los cuales hubo 539 amenazas, 63 asesinatos, 35 atentados y 26 detenciones arbitrarias, según reportó la semana pasada la ONG Somos Defensores.

Aunque lejos de sus máximos históricos, la persistencia de organizaciones guerrilleras y bacrim genera todavía niveles importantes de inseguridad no solo para las personas sino también para las instalaciones ‒si bien parecen haber decrecido en los últimos meses, los atentados de grupos insurgentes contra oleoductos y torres de transmisión de electricidad siguen siendo un clásico‒, y dificultan la recuperación de enormes extensiones de tierras improductivas por la implantación de minas antipersonales (al respecto, se recomienda leer la conversación con el gerente general de la Fundación Arcángeles, Hugo Prada, en el archivo de este sitio: https://ideasyprotagonistas.com/2016/02/12/conversacion-sobre-la-actualidad-de-colombia/).

Al mismo tiempo, Colombia no es inmune a los vaivenes de los mercados globales y a las consecuencias de éstos sobre la región. Por ejemplo, en los primeros 10 meses de 2015 sus ingresos por exportaciones cayeron 35 por ciento con respecto a igual período de 2014, de 47.232 a 30.678 millones de dólares, en gran medida debido al descenso de los precios de las materias primas y, en particular, el del petróleo. 

De hecho, en ese período el producto de sus exportaciones minero energéticas se derrumbó 46,5 por ciento, de 33.620 a 17.992 millones de dólares, mientras el de sus ventas no minero energéticas disminuyó solo 6,8 por ciento, de 13.613 a 12.687 millones de dólares, según datos de Procolombia, la oficina de promoción de las exportaciones, el turismo y la inversión en el país. En la misma dirección, la petrolera estatal Ecopetrol informó este domingo que durante 2015 registró una pérdida neta de 1.235 millones de dólares y una rebaja de 11 por ciento de sus reservas probadas netas de hidrocarburos.

Asimismo, por más que logró reducir en 2015 todas las tasas de pobreza (de 21,9 a 20,2 por ciento la multidimensional, que mide 10 parámetros de educación, salud y calidad de vida; de 28,5 a 27,8 por ciento la monetaria, y de 8,1 a 7,9 por ciento la extrema), Colombia mantiene uno de los niveles de desempleo más altos de la región, solo superado por los de Barbados y Jamaica, y que entre enero de 2015 y enero de 2016 aumentó de 10,8 a 11,9 por ciento, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por otra parte, el acuerdo definitivo de paz con las FARC no significa necesariamente que todos sus cerca de 8.000 efectivos actuales vayan a dejar las armas. A la ya mencionada existencia de un conjunto ‒de magnitud desconocida, por ahora‒ de sus miembros que no están dispuestos a dejar la actividad guerrillera, acaso sea pertinente sumar otra cantidad, también incierta y probablemente mayor, de personas que de repente habrán perdido su medio de vida y su marco de contención, sin tener para subsistir muchos más conocimientos que el manejo de armas y la coerción. Valga como ejemplo que 70 por ciento de los 800 guerrilleros de las FARC desmovilizados entre 2012 y 2013 eran analfabetos funcionales, según datos oficiales de esa época.

Por lo tanto, es difícil suponer que todos los integrantes actuales de las FARC tengan las mismas facilidades que sus comandantes y mandos medios para ganarse la vida en el ámbito civil, ya sea en la política o fuera de ella. Deberá el gobierno invertir enormes cantidades de creatividad, esfuerzo y dinero para lograr la inserción en la sociedad de tantos guerrilleros rasos. No es que no esté haciéndolo: desde 2003 funciona la Agencia Colombiana para la Reintegración, que ha atendido a más de 55.000 desmovilizados de los grupos guerrilleros y paramilitares. Pero su programa de atención psicosocial y formación para el trabajo dura siete años, todo un desafío para la paciencia de los beneficiarios.

En síntesis, así como suena indiscutible que la firma de la paz con las FARC se convertirá en uno de los mayores hitos de la historia de Colombia, parece razonable esperar que sus consecuencias políticas, sociales y económicas no lleguen de un día para el otro. Convendrá tenerlo presente para evitar que una gran solución se convierta en un gran problema simplemente porque se sobredimensionaron las expectativas.

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