Por Daniel Casas

En noviembre de 2014 la presidenta de Brasil, que acababa de ser reelecta por un ajustado margen, anticipó que el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras cambiaría el país “para siempre”, y acertó tanto que lo que está a punto de cambiar es la mayor empresa del país, que dejaría de tener la exclusividad en el mercado a partir de una ley que habilita el ingreso de capitales privados para la explotación de la presal, como se denomina a los yacimientos hallados en la plataforma marítima.

Esta marcha atrás respecto de la ley que la misma Rousseff impulsó y consiguió que se aprobara en el Congreso en 2010 marca un nuevo elemento de disputa con su propia fuerza, el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo fundador, Luiz Lula da Silva, acaba de anunciar el último sábado su deseo de volver a postularse para la presidencia en 2018, cuando concluiría el mandato de su sucesora.
El uso del verbo en potencial sobre la fecha de culminación del mandato de la presidenta no es un artilugio para eludir una definición tajante, sino un reflejo de la realidad que vive desde hace meses. La crisis económica, política e institucional de Brasil tiene en jaque a su gobierno y nadie está en condiciones de afirmar que algunos de los pedidos de impeachment (juicio político) que hay en su contra no prosperen y terminen por sacarla antes de tiempo del Palacio del Planalto.
El cambio en Petrobrás surge a partir de un proyecto desmonopolizador que elaboró el ex candidato presidencial José Serrá, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y que el jueves de la semana pasada, 24 de febrero, obtuvo media sanción del Senado.
Esa iniciativa pone fin al régimen que garantiza a Petrobras ser la única operadora y le obliga a tener una participación de al menos el 30 por ciento en la explotación de las gigantescas reservas del presal, descubiertas por la empresa en aguas muy profundas de la plataforma marítima de Brasil, y cuyo costo de extracción es muy elevado para las finanzas de la empresa, sobre todo en momentos en que el petróleo atraviesa una crisis que no para de impactar en la economía de todo el mundo.
El texto era más duro, pero en una ardua negociación comandada por el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, se incorporó una cláusula que indica que Petrobras tendrá preferencia a la hora de operar el bloque y la potestad de decidir sobre ese punto respecto de los acuerdos con los operadores privados. Es decir, pierde la hegemonía pero le conceden una suerte de acción de oro, si es que la iniciativa no se modifica en Diputados.
“El gobierno tiene que ser un gobierno de diálogo. La posición del gobierno es la posición defendida por el bloque que defendió la ley del petróleo, pero en una democracia hay que tener diálogo”, dijo Braga al explicar la posición del gobierno, que revé la postura aprobada en 2010, cuando aún no habían estallado ni la crisis internacional del petróleo ni el escándalo de corrupción, que amenaza con llevarse por delante a buena parte de la clase política brasileña y que incluso salpica a otros países.
El texto en el Senado se aprobó con 40 votos a favor y 26 en contra. “Estamos queriendo entregar el presal a precio de banana a las multinacionales del petróleo”, criticó el senador del oficialista PT, Lindbergh Farias, al explicar en el recinto su voto en contra de lo acordado por su propio gobierno.
Esta postura, que evidencia la tensión entre el gobierno y el PT, abre un interrogante sobre qué pasará con el proyecto en Diputados. En teoría, el oficialismo y sus aliados reúnen 274 bancas y los partidos de oposición 200 (el cuerpo tiene 513 miembros, de modo que quedan 39 no alineados), pero en las actuales condiciones estos números son extremadamente relativos.
Observadores brasileños descuentan que la iniciativa de Serra se transformará en ley, porque el principal interesado en que así sea es el gobierno, que es conciente de que sin el aporte de capitales privados no hay forma de extraer ese petróleo y sin eso la principal empresa del país entra en riesgo de derrumbe.
De esta forma, la crisis internacional, sumada a la propia, producto de los desmanejos y la corrupción, están a punto de derrumbar una política nacional que era bandera del progresismo representado por el PT, que impulsó durante los dos gobiernos de Lula da Silva, con el mismo viento de cola que benefició a otros gobierno de la región, una inédita política de inclusión que elevó la calidad de vida de los sectores más postergados del país.
Mirado en perspectiva, y salvando las lógicas distancias, este proceso que abre el ingreso de capitales privados a Petrobras se parece al que se dio en México con la petrolera estatal Pemex.
El gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó en los primeros meses de 2014 una reforma energética que eliminó de la Constitución el artículo 27, que impedía la utilización de contratos con privados para la extracción de hidrocaburos del subsuelo. Esa reforma, que aún despierta polémicas en México, no altera la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y mantiene la prohibición de concesionar derechos sobre recursos naturales, pero sí permite la participación de los sectores social y privado en la explotación y extracción de hidrocarburos a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos.
Previo a esta reforma, y aún con posterioridad, también hubo escándalos de corrupción que tuvieron a Pemex en un rol protagónico. Tanta similitud bien puede conformar un patrón estratégico de los capitales internacionles, en definitiva actores necesarios de las corruptelas, que no debiera pasar desapercibido por los responsables de la explotación hidrocarburífera de todos los gobiernos.

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