Por Aníbal Gutiérrez

Habitualmente leemos y escuchamos, cuando de temas de seguridad se trata, que la responsabilidad está en cabeza de las autoridades nacionales y de las fuerzas de seguridad federales. Esto es solo relativamente cierto, ya que los gobiernos comunales (a cargo de intendentes o alcaldes como se los llama habitualmente en Latinoamérica) deben cumplir un rol central en el desarrollo de políticas de prevención del delito.

La política de seguridad se basa, generalmente, en dos grandes pilares: intervención y prevención. La intervención se apoya en un eficiente accionar policial junto con la capacidad del Estado en una inmediata y oportuna judicialización del delito. La prevención, por su parte, se trata de un conjunto de acciones acordadas entre las instituciones y la comunidad de forma tal de reducir las oportunidades que posibilitan la ocurrencia de delitos.

Y es en esta tarea de prevención, donde los gobiernos comunales pasan a ser fundamentales en la construcción de un ambiente de seguridad para la comunidad.

Algunas acciones simples pero que tienen alto impacto en las condiciones de seguridad son:

  • Mejorar y mantener en perfecto funcionamiento el alumbrado público
  • Conservar los parques y plazas
  • Mantener los terrenos desocupados con pastos cortos y sin construcciones que permitan que delincuentes los usen como lugar para esconderse ellos mismos o los bienes obtenidos de hechos delictivos.
  • Controlar la venta de bebidas alcohólicas y el consumo de dichas bebidas en la vía pública.
  • Poner a disposición de la población mecanismos de denuncia y pedidos de ayuda que apoyen tanto a víctimas como a potenciales victimarios que puedan ser disuadidos mediante la conversación con un profesional.
  • Regular de manera inteligente el espacio urbano de forma tal que el proceso de habilitación de lugares comerciales o de esparcimiento se convierta en la primera medida destinada a prevenir el delito
  • Gestionar el espacio público para que la existencia de vendedores ambulantes o de puestos callejeros sin control puedan derivar en un incremento en las posibilidad de ocurrencia de delitos
  • Desarrollar planes que promuevan espacios de diálogo y contención de jóvenes que permitan entender sus inquietudes y necesidades ya que en esa franja poblacional se constata un porcentaje preocupante de transgresores.
  • Fomentar espacios de convivencia que puedan contener a menores en situación de vulnerabilidad y su grupo familiar directo
  • Fortalecer todas las instituciones comunales que atienden a los ciudadanos mediante esquemas de capacitación permanente

Las anteriores son solo una pequeña muestra de lo que puede hacerse desde un gobierno comunal para generar un ambiente de prevención que colabore en la lucha contra la inseguridad.

Así, los ciudadanos se convertirán en los sujetos a los cuales están dirigidas las acciones de prevención y la institucionalidad pública estará verdaderamente al servicio de la comunidad.

Solo se necesita de alcaldes/intendentes con vocación de resolver los problemas de seguridad de sus municipios e imaginación para ponerlo en marcha.

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