Por Marcelo Gobbi (*)

El Ministerio de Justicia ha anunciado, bajo la denominación de Justicia 2020, una serie de iniciativas para mejorar el desempeño del Poder Judicial y del Ministerio Público en el orden nacional. Por varias razones se trata de una noticia esperanzadora.

En primer término, porque no se trata de medidas aisladas sino de un programa integral, como corresponde cuando se trata de mirar un sistema. En segundo término, porque recoge los aportes técnicos de las organizaciones de la sociedad civil (en buena medida, de una investigación de Fores que el ahora ministro codirigió). Y finalmente, porque además de incluir leyes que cambien las competencias y los procedimientos se propone introducir mejoras en la gestión del servicio de justicia, algunas tan disruptivas como la eliminación de la feria, el cambio del horario y la digitalización de los procesos.

El anhelo de independencia no puede ser más generalizado. Poco elegantes han sido algunos jueces al imputar o procesar a funcionarios cuando éstos pierden el poder. Nadie cree que el estado de las causas (bastante difícil de descifrar, según el particularmente oscuro procedimiento penal) justificaba en estos momentos las imputaciones de quienes acababan de pasar a la categoría de pato rengo. En términos de aquello sobre la mujer del César, podríamos decir que si lo fueron, no lo parecieron. La seriedad y la transparencia en el proceso de selección y remoción de jueces son valores sobre los que la sociedad no se puede permitir ninguna flojera, y debe escrutar con mucho rigor el desempeño del Consejo de la Magistratura, tantas veces utilizado como campo de batalla entre facciones políticas.

En términos de eficiencia, los problemas son crónicos. Nadie que se interese en la gestión comprende que se multipliquen estructuras que hacen lo mismo, cada una a la orden de un juez diferente, en juzgados que están unos de otros a metros de distancia (algo comprensible en los buques, pero impensable en las áreas de apoyo de cualquier organización, por lo menos de las que no navegan), que puedan mantener un alto nivel de motivación secretarios que permanecen en el mismo cargo durante veinte o más años (algo que no les ocurre a los gerentes, y los secretarios lo son en buena medida), la llamada feria judicial (los hospitales y los aeropuertos no cierran, y sus trabajadores también toman vacaciones) ni el ineficiente horario de funcionamiento de los tribunales (que se mantiene para permitir el doble empleo de los empleados judiciales… que está prohibido), para marcar solamente los anacronismos más gruesos.

En la era digital, sigue siendo necesario gestionar papeles. Es curioso, porque un expediente no es otra cosa que información ordenada de determinada manera que nace digital en la computadora del abogado o del juez pero que luego debe analogarse mediante su impresión para que el lenguaje judicial lo pueda reconocer y procesar, a pesar de que el país tiene ya un régimen sobre firma digital. Para que ocurra cualquier impulso útil, además, el expediente debe estar encima del escritorio de alguien, de modo que dos funcionarios judiciales no pueden trabajar al mismo tiempo en el mismo asunto, y además si el expediente se va del juzgado porque otro juez pidió verlo, o a la AFIP para calcular la tasa de justicia, el proceso de resolución de un problema humano se detiene hasta que los papeles vuelvan a esa oficina. La Corte Suprema ha avanzado mucho, primero con las notificaciones electrónicas y luego camino al expediente digital. Ese impulso no debe perderse.

Los abogados deben hacer también lo suyo. Su formación universitaria, que los habilita automáticamente a matricularse sin ningún control ex post de aptitud profesional como existe en otras partes del mundo, tampoco es satisfactoria. El control disciplinario, si fuera serio, no se nota, porque al menos en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las resoluciones del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados no se pueden conocer, curioso caso de un tribunal opaco que cuando falla no cumple con su natural función de brindar pautas generales de conducta. Y a esa profesión le cuesta ayudar a la modernización: ese mismo colegio ha pedido más de una vez que la Corte postergara la puesta en marcha del expediente digital por las supuestas dificultades de sus matriculados para capacitarse a tiempo. Si fuera cierto que la abogacía no puede acompañar las innovaciones tecnológicas, como deben hacerlo todos los demás oficios para subsistir, debemos preguntarnos por qué y actuar sobre las causas del problema.

No todas las reformas requieren cambios legislativos. Mucho puede mejorarse aplicando procesos de gestión a partir de diagnósticos sinceros y midiendo sostenidamente los resultados. Para eso los propios magistrados deben ponerse al frente del problema. Hay muchos jueces y fiscales auténticamente comprometidos con el servicio y que deben animarse a dar un paso más para liderar la reforma desde adentro, para pasar de ser pasivos reformados (lo que tienta a tomar una actitud de resistencia) a ser reformadores. Ellos entienden que la solución no pasa por pedir leyes o más presupuesto, y también entienden que no todas las iniciativas que provienen de fuera del Poder Judicial son amenazantes críticas a su desempeño. En suma, que a todos, incluidos ellos, les conviene un servicio de justicia institucionalmente más sólido y funcionalmente más eficiente.

La independencia y la eficiencia no tienen que ver con discusiones académicas entre los que quieren endurecer la penas ni con los garantistas, con la conveniencia del sistema acusatorio o el inquisitivo en materia penal o de que tal o cual fuero mantenga o no determinada competencia. Es hora de concentrarnos en las soluciones con la satisfacción de los usuarios como termómetro: del litigante, de quienes sufren un conflicto de familia, del menor en proceso de adopción, de la víctima de un delito, del acusado, del condenado, del consumidor y de las empresas que invierten, dan trabajo y pagan impuestos, sin anteojeras ideológicas y con la Constitución como guía. Pocos proyectos son hoy más relevantes para unir a los argentinos detrás de una política de estado, gobierne quien gobierne.

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(*) El autor es abogado y miembro del Comité Ejecutivo de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia).

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