Por Alejandro J. Lomuto

A menos de dos meses de las elecciones generales del 10 de abril, el Perú atraviesa un clima de transición que tiene algunos atributos similares a los de los últimos procesos electorales pero también otros novedosos y cruciales, tales como la sensación de que el modelo económico da señales de agotamiento después de 15 años y el hecho de que la favorita para presidir el país durante el próximo lustro lleva el apellido Fujimori.

La economía, que en los últimos tres lustros se expandió casi sin interrupción a tasas chinas, se desaceleró el año pasado y creció solo 2,4 por ciento. La inflación superó la meta de 3 por ciento planteada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que debió vender más dólares que lo previsto para evitar una mayor devaluación de la moneda local. Las cuentas fiscales volvieron a ser deficitarias y se registró un aumento sostenido de la deuda total, especialmente la privada.

Asimismo, cuando el presidente Ollanta Humala entregue el gobierno, el 28 de julio próximo, habrá culminado la mayor expansión minera en la historia del país. Durante su quinquenio la industria del sector habrá invertido alrededor de 35.000 millones de dólares. Pero el resto de los proyectos, valuados en conjunto en 64.000 millones de dólares, son iniciativas de largo plazo sin fecha fijada para el arranque, o suspendidas o sin autorización concedida, en casi todos los casos debido a la oposición social pero también a raíz de la sostenida caída de los precios internacionales de los metales.

En materia política, la situación preelectoral ofrece varios elementos conocidos. Uno es la casi seguridad de que habrá segunda vuelta. De las seis elecciones presidenciales realizadas desde 1990, solo una ‒la primera reelección de Alberto Fujimori, en 1995‒ se resolvió en primera vuelta.

Otra casi certeza es que el próximo presidente no tendrá mayoría en el Congreso unicameral. Lo cual no representa necesariamente un problema: “Desde 1990, salvo en el período del autogolpe de Fujimori, ningún gobierno tuvo mayoría y todos han sobrevivido y han terminado sus mandatos perfectamente bien”, me dijo el líder del partido Acción Popular, Víctor García Belaunde, en 2012, cuando Humala aún no había cumplido un año en el gobierno.

También se repite la volatilidad del electorado, que en los últimos ocho meses fluctuó entre tres candidatos para el segundo puesto, aunque en esta ocasión, como no sucedía desde 2001 con Alejandro Toledo, mantuvo siempre en el primer lugar a Keiko Fujimori, quien, según todas las encuestas, también es favorita para cualquier escenario de balotaje. No obstante, nada es seguro: en 2006 y 2011, los candidatos que tenían la mayor intención de voto dos meses y medio antes de los comicios ‒Lourdes Flores y Toledo, respectivamente‒, finalmente quedaron fuera de la segunda vuelta.

Por otra parte, al cierre de esta nota no era del todo seguro que Julio Guzmán (segundo en la intención de voto, con 18 por ciento) y César Acuña (cuarto, con seis por ciento) pudieran presentarse a los comicios de abril. La autoridad electoral aún podía inhabilitarlos, en el caso de Guzmán por irregularidades de su partido en la definición y la inscripción de su candidatura, y en el de Acuña, por denuncias de plagio en tres tesis de posgrado y un libro.

Asimismo, Humala termina su mandato con su popularidad muy desgastada: de 65 por ciento de imagen positiva que llegó a tener poco después de haber asumido cayó a 16 por ciento en diciembre pasado, afectado sobre todo ‒pero no exclusivamente‒ por la suerte de su esposa, Nadine Heredia, que además es la presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) que ambos cofundaron en 2005. La primera dama es objeto de investigaciones judiciales y parlamentarias por presunto lavado de activos. En ese contexto, meses atrás Humala sufrió la resonante renuncia al PNP de su vicepresidenta, Marisol Espinoza, quien en abril será candidata a una banca en el Congreso por el partido populista de derecha Alianza Para el Progreso (APP).

En los dos procesos electorales anteriores (2006 y 2011) no hubo candidatos oficialistas a la Presidencia; ahora lo hay, pero el general retirado Daniel Urresti está undécimo en las preferencias, con uno por ciento de la intención de voto. Cinco años atrás, el presidente saliente, Alan García, resolvió no asistir a la asunción de Humala por temor a que lo abuchearan, según explicó él mismo.

Ni siquiera es nuevo que la probable próxima presidenta sea la misma que perdió el balotaje cinco años antes: lo mismo sucedió con Humala, derrotado por García en 2006 y triunfador sobre Keiko Fujimori en 2011. Tampoco que su acceso al gobierno implique un cambio de orientación ideológica, en este caso del populismo de centroizquierda del PNP al populismo de derecha de Fuerza Popular. Lo mismo ocurrió en todos los casos de Toledo en adelante, sin que variara en lo esencial el rumbo económico.

En todo caso, lo novedoso es que la probable mandataria es precisamente la hija de quien no hace aún tanto tiempo clausuró el Congreso, convirtió su gobierno constitucional en otro de carácter dictatorial y desde hace varios años está preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Si finalmente gana las elecciones, Keiko gobernará un país menos próspero que el de los últimos 15 años y es razonable esperar en ese contexto un aumento de la conflictividad social. También deberá decidir, ya sin la necesidad de especular con los posibles votos ‒lo que en las últimas dos campañas la obligó a complicados malabares dialécticos‒, en cuánto se parecerá a su padre y en cuánto se diferenciará de él.

Y deberá resolver un dilema moral: si le concede a su padre, de 77 años y con la salud algo quebrantada, el indulto que ella misma pidió alguna vez junto a sus hermanos y que permanentemente es objeto de polémica en el Perú. Humala no se lo dio y defendió esa decisión con un argumento de peso: tampoco se lo otorgó a su hermano Antauro, convicto por la toma de una comisaría, hecho con el que pretendía derrocar a Toledo y en el que murieron seis personas.

Anuncios