Por Aníbal Gutiérrez

“Ellos, los soldados, sabían qué mujeres ya no tenían esposo y decían que las mujeres solas eran mujeres disponibles” y “Ya nos llevamos a tu esposo ahora sos de nosotros” son una muestra de las frases que se escuchan en el juicio iniciado a principio de este mes dentro del Caso Sepur Zarco.

El destacamento militar de Sepur Zarco era utilizado como área de descanso y recreación de los militares durante los años más duros del conflicto armado interno acaecido en Guatemala.

Durante los años 1982 y 1983, 15 mujeres indígenas fueron obligadas a asistir por turnos al destacamento militar para lavar uniformes y cocinar para los soldados. Durante esos turnos fueron repetidamente violadas y sometidas a esclavitud sexual.

Después de más de 30 años, un ex teniente y un ex comisionado militar son acusados de delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual, y desaparición forzada y asesinato.

La violencia contra las mujeres no terminó con los conflictos armados en Latinoamérica, lejos de eso se ha convertido en un fenómeno de magnitud mayúscula que alcanza, al decir de ONU Mujeres, niveles epidémicos.

Tal como sostiene la Plataforma de Acción de Beijing, la violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Es decir que pueda ocurrir en la familia, en la comunidad en general o ser perpetrada o tolerada por el Estado.

Esa violencia se convirtió en algo natural y aceptado.

Hace un año en ocasión de una consultoría realizada en el interior de la Argentina mantuve reuniones con todos los intendentes de una provincia.

En absolutamente todas las reuniones pregunté si la violencia de género era un problema preocupante para el municipio y la respuesta recibida en un porcentaje inaceptablemente alto fue: siempre alguna mujer se pone molesta y el marido le tiene que pegar una cachetada.

Según la ONG Argentina “La casa del Encuentro” es posible estimar que cada 30 horas una mujer es asesinada a manos de un familiar, pareja o ex pareja y, según informe publicado por la ONU, basado en estadísticas del Banco Mundial, las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en su casa que de sufrir cáncer, malaria, accidentes de tránsito o morir en una guerra.

En un par de semanas viviremos otro 8 de marzo. Otro Día Internacional por los Derechos de la Mujer.

Veremos múltiples mensajes de felicitación, apoyo y reivindicación de las mujeres. Se regalarán flores y chocolates.

Eso no alcanza.

Es tiempo de resolver el problema desde su raíz.

Es tiempo de que el Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) lleve adelante una política integral que ponga fin a este flagelo.

Que proteja a las mujeres y niñas de la violencia en el seno de sus familias, que las proteja del acoso en sus comunidades y que brinde igualdad de oportunidades en empleos, en la ciencia y en las artes.

Que adopte una agresiva campaña de educación y concientización ciudadana para que cualquier forma de discriminación y violencia sea repudiada por el conjunto de la sociedad.

Que desarrolle programas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para que todas y cada una de las ciudades y pueblos del país sean declarados libres de violencia y discriminación contra la mujer.

Que garantice que aquellos sobre los que recae una medida de restricción no puedan, de ninguna manera, acercarse a quien tienen prohibido hacerlo.

En definitiva que se construya una verdadera democracia. Solo así, cuando las mujeres y niñas puedan vivir con libertad, seguridad y en plena igualdad de derechos podremos decir que integramos una sociedad que merece ser vivida.

Anuncios