Por Daniel Casas

En este tiempo de opiniones express y redes sociales rebosantes de afirmaciones sin fundamento, las falencias del sistema de radarización y la legitimidad de la ley de derribo fueron en las últimas semanas un nuevo escenario de debates encarnizados sobre su efectividad en el combate al narcotráfico, mientras tanto fuentes de la Fuerza Aérea aseguran que hay gente y equipos hay para poner en marcha estas dos herramientas, pero falta presupuesto.

La polémica la disparó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando a fines de enero afirmó en un almuerzo con Mirtha Legrand que “el año pasado hubo 400 vuelos clandestinos, por lo tanto vamos a ir contra los que prestan las pistas de aterrizaje para las avionetas ilegales”, a la vez que aseguró que “los radares en las fronteras tienen puntos ciegos y los narcos lo saben”.

Sin embargo, fuentes de la Fuerza Aérea consultadas para esta nota aseguraron que a partir de la incorporación de dos radares españoles FPS 113, en un proceso que se inició en 2011, más los argentinos fabricados por el INVAP, la cobertura de los radares tal como prevé el decreto 1407/04 Sinvica (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial) cubrirían prácticamente la totalidad de las fronteras norte, litoral y bonaerense.

“Es cierto que se detectaron aproximadamente 400 vuelos el año pasado, pero años atrás esa cantidad era muy superior y vale aclarar que no todos los vuelos pueden ser asociados a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, ya que en más de un caso se trata de infracciones aeronáuticas como la falta de un plan de vuelo autorizado. Es decir, el efecto disuasorio de los radares está dando resultados, pero el aire es sólo una de las vías”, dijo el oficial consultado.

“La tarea de la Fuerza Aérea es detectar estos vuelos e informar a las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) para que actúen en un abanico mucho más preciso para detectar esos potenciales cargamentos. Ahí termina nuestra función. Los radares funcionan H24 (todo el día, en jerga aeronáutica) procesando toda la información de los vuelos que se producen dentro de su área de cobertura y, si bien la operación no llega a cubrir todo el día por escasez de recursos presupuestarios y humanos, todos los movimientos quedan registrados y se analizan para generar estrategias de vigilancia a futuro y estadísticas”, agregó.

Sobre la controvertida ley de derribo, la fuente aseguró que la Fuerza Aárea no tiene ninguna directiva concreta para actuar en ese sentido y destacó que se rige en procedimientos vigentes basados en recomendaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
Además, aunque por razones atendibles no se precisan datos sobre disponibilidad de aviones y personal para tener una vigilancia constante, para cubrir todas las fronteras se descarta que haría falta una inyección presupuestaria poderosa para contar con personal, combustible y otros insumos disponibles en forma constante para salir al cruce de los vuelos ilegales.

Pero por otra parte, si hubo una merma 60 por ciento de los vuelos clandestinos detectados y el problema de la droga lejos de disminuir ha crecido, es evidente que se han incrementado los ingresos por tierra y agua.

Por ineficacia y por decisión política, los datos oficiales de los últimos años son de una pobreza notable. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) publicó en diciembre de 2012 datos estadísticos sobre las incautaciones de cocaína entre 1999 y 2009, año en el que se habían llegado a capturar algo más de 12 toneladas.

Sin embargo, en 2014 el informe anual de la ONU sobre drogas ubicó a la Argentina como el tercer país del cual parten las drogas hacia el mundo, detrás de Brasil y Colombia. Este ranking se elaboró con estadísticas de las capturas de drogas entre 2001 y 2012. Algo no encastra entre ambas cifras.

Una pauta de la dimensión del problema y de la multiplicidad de herramientas que se necesitan utilizar la dio hace más de una década el economista canadiense Michel Chossudovsky, fundador del Centro de Investigación sobre la Globalización de Montreal. “Los ingresos multimillonarios por la venta de drogas se depositan en el sistema bancario occidental y la mayoría de los grandes bancos internacionales -junto con sus filiales en los paraísos bancarios- lavan enormes cantidades de narcodólares, por lo cual el tráfico internacional de narcóticos constituye un negocio multimillonario de la misma magnitud que el comercio internacional del petróleo. Desde este punto de vista, el control geopolítico de las narcorrutas es tan estratégico como el control de los oleoductos”.

Puesto en cifras, la red del narcotráfico tiene ingresos anuales que van de los 320.000 millones de dólares, según el cálculo conservador que hizo en 2011 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a unos 800.000 millones de dólares, según la estimación de investigadores y politólogo argentino Marcelo Colussi, citado en su libro Violencias de Estado por la también politóloga argentina Pilar Calveiro.

Frente a estos datos duros, aún en el caso del más austero de la ONU, la emergencia de seguridad que decretó el gobierno el último 22 de enero y las declaraciones sobre la legalidad del derribo de aviones clandestinos que hizo dos días más tarde la ministra Bullrich, dan la pauta de que se avanza a tientas frente a un problema que requiere soluciones y decisiones políticas amplias, tanto a nivel nacional, como regional y, finalmente, global.

Para controlar el narcotráfico se requiere una estrategia nacional, que combine los recursos y a la vez tenga mecanismos de control de la corrupción. Esto tiene que estar ligado a una estrategia regional, en la que actúen coordinadamente los países de la región. Y finalmente una política global para tomar por las astas un problema que mueve en un año caso el doble del PBI de un país emergente, por ejemplo la Argentina.

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