Por Aníbal Gutiérrez (publicada en Gaceta Mercantil el 21/1/16)

La extinción de dominio, al atacar el poder económico de las organizaciones criminales, resulta fundamental para la lucha contra el crimen organizado y el accionar de las estructuras criminales enquistadas en el Estado.

Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes ilícitos a través de una vía judicial que tiene por finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad. Es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o delictivas.

Para ello, el Congreso Nacional debería sancionar con urgencia una ley que incorpore la citada figura al ordenamiento jurídico nacional y que, entre otras características, contemple un procedimiento exclusivo y desligado del proceso penal que establezca identificación, localización, recuperación y extinción de las derechos relativos al dominio de los bienes y las ganancias de origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado.

Ese régimen no deberá hacer ninguna distinción entre tipos de delitos para perseguir los bienes. Es decir que cualquier actividad delictiva y lucrativa podrá ser susceptible de la aplicación de dicha norma. Asimismo, deberá establecerse un mecanismo para que los operadores judiciales deban priorizar ese trámite para obtener resultados de manera expedita.

Además, deberá contemplarse un adecuado y transparente sistema de administración de los bienes extinguidos, de forma tal que se conviertan en recursos que el Estado deberá obligatoriamente destinar a fortalecer la seguridad y la justicia en el país.

Existen antecedentes en nuestra región de la aplicación de normas de estas características. Fue pionera Colombia, al dictar su primera norma a mediados de la década de los 90 como una forma de combatir, desde una mirada económica, la inconmensurable cantidad de bienes y dinero con que contaban los carteles del narcotráfico.

Esa primera ley fue modificada varias veces hasta que a principios de 2014 se promulgó un Código de Extinción de Dominio.

El ejemplo colombiano fue seguido por otros países latinoamericanos como México, Perú y Ecuador.

También Guatemala dictó en 2010 una ley de extinción de dominio cuya elaboración, reglamentación y puesta en marcha contó con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU.

Esa ley lleva ya cuatro años de aplicación, y durante ese tiempo millones de dólares y otros bienes pasaron a manos del Estado.

Según consignó el vespertino La Hora, de Ciudad de Guatemala, en cuatro años de vigencia pasaron a manos del Estado más de 29 millones de dólares y 10 millones de quetzales (aproximadamente 1,3 millón de dólares) en efectivo, además de 145 vehículos, 4 lanchas, 3 aviones y 59 inmuebles.

Dentro de esos números se encuentran más de un millón de dólares y una decena de inmuebles inmovilizados del ex presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes en 2015 debieron renunciar a sus cargos por estar acusados de encabezar una estructura delictiva que obtenía beneficios económicos con permisos de importación de productos que ingresaban a ese país, y están presos.

En conclusión, no sólo se trata de obtener condenas penales sino también de recuperar el dinero y los bienes robados al conjunto de la sociedad. Solo hace falta voluntad política. Se puede.

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