Por Daniel Casas (publicada en Télam el 29/11/13)

Los grupos paramilitares, desmovilizados en 2004 pero vigentes en otros formatos, son el nudo gordiano del conflicto colombiano porque allí confluyen las guerrillas, que le dieron la excusa; los narcotraficantes y los terratenientes, que les dieron poder; la política y el Estado, que les dieron legitimidad y protección, y las víctimas, estimadas oficialmente en 140.000, que, como en muchos casos no tenían nada para dar, dieron sus vidas.

En 1991, durante el gobierno de César Gaviria, el primer civil ministro de Defensa de Colombia, Rafael Pardo ‒hoy ministro de Trabajo‒, dijo: “Los grupos paramilitares involucrados en la violencia organizada plantean la mayor amenaza a la estabilidad institucional del país”. A más de 20 años, esa afirmación sigue vigente.

Si bien hay muchos antecedentes históricos de civiles armados, consentidos por el Estado o no, un extenso informe de Human Rights Wach (HRW) (ver apéndice documental) ubica dos fechas clave. Una es el 1 de julio de 1962, cuando el Ejército colombiano, a instancias de Estados Unidos, puso en marcha el Plan Lazo, que facultaba a la fuerza a trabajar con civiles armados e instruidos militarmente en operaciones de contrainsurgencia y habilitados para ejercer “actividades paramilitares y/o terroristas contra defensores del comunismo” .

La otra es el 3 de diciembre de 1981, cuando desde un helicóptero cayeron miles de panfletos sobre Cali anunciando la creación de Muerte A Secuestradores (MAS), un grupo armado por el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y otros 200 narcotraficantes para obligar al grupo guerrillero M-19 a liberar a Martha Nieves Ochoa, hija de uno de los capos y que finalmente sería puesta en libertad tras una cadena de asesinatos.

Pero la verdadera génesis del paramilitarismo vinculado a interes económicos y políticos se dio en 1983 en Puerto Boyacá, una ciudad del departamento (provincia) Magdalena Medio, donde se formó otro MAS financiado por narcotraficantes, terratenientes y comerciantes para contrarrestar a las FARC, que los extorsionaba y cobraba peaje en esa región. Según testimonios recogidos por HRW, el grupo se armó en coordinación con el Ejército y en conjunto perpetraron asesinatos individuales y en masa, y quemaron fincas.

Informes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central estatal de inteligencia disuelta en octubre de 2011) dan cuenta de que el Batallón Barbula del Ejército reunió a líderes liberales y conservadores, empresarios y ganaderos en Puerto Boyacá y acordó armar un grupo paramilitar, para que el que se consiguieron armas y uniformes, con el objetivo de eliminar a las personas sospechosas de ser aliadas de la insurgencia.

Respaladaron la creación de este MAS tanto la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio cuanto narcotraficantes como Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

El grupo, que estaba al mando del jefe paramilitar Víctor Carranza, operaba normalmente junto con el Ejército en los trabajos de “limpieza” de la zona, que dejaron como vestigio una cantidad aún no determinada de centros de formación de sicarios y de interrogación, así como de fosas comunes para las incontables víctimas.

Puerto Boyacá se hizo famosa en todo Colombia. En septiembre de 1985 el presidente Belisario Betancur visitó la zona para respaldar a los paramilitares frente a las críticas. Sus palabras son recogidas en el libro “A las puertas de El Ubérrimo”, del congresista de izquierda Iván Cepeda y el periodista Jorge Rojas, y forma parte del informe que el legislador presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver apéndice documental).

“Que vengan pues esos colombianos al Magdalena Medio ‒dijo Betancur‒ a presenciar este espectáculo de hoy en Puerto Boyacá (…) Ahora cada habitante del Magdalena Medio se ha levantado para constituirse en un defensor de esa paz. Al lado de nuestro Ejército, de nuestra Policía, cada habitante del Magdalena Medio es un militante y un defensor de la paz (…) Adelante, pueblo de Puerto Boyacá, que los colombianos hemos recibido la lección de paz en esta región.”

La experiencia se replicó de inmediato en todo el país. En el departamento Córdoba, donde venían actuando desde hacía tiempo, los paramilitares terminaron por organizarse. El proceso de diálogo que el gobierno había iniciado con el M-19, las FARC y el EPL (Ejército Popular de Liberación, de inspiración maoísta) hacía agua, y el poder político cedió a la presión de los militares para formar grupos de autodefensa, financiadas con el flujo de dinero que les ingresaba a los narcotraficantes.

Entre 1980 y 1993 en Córdoba se cometieron por lo menos 40 masacres y cerca de 200 crímenes políticos, según documentaron María Victoria Uribe y Teófilo Vásquez en su trabajo “Enterrar y callar, las masacres en Colombia”, editado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los autores de las masacres se hacían llamar “autodefensas” y su formación en Córdoba y Antioquia se originó en reuniones que mantuvieron a fines de 1982 ganaderos y miembros del Ejército para poner freno a las extorsiones de las FARC y el EPL, según narra el jefe paramilitar Carlos Castaño en el libro “Mi confesión”.

El paramilitarismo, agrupado en las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCU), fue la herramienta para asesinar a miles de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), el partido que se formó en 1985 en medio de una tregua del gobierno con las FARC, en el que confluían dirigentes de izquierda y guerrilleros activos.

A partir de ese hecho, inevitablemente presente en las actuales negociaciones de paz en La Habana, el paramilitarismo dejó de ser una herramienta del poder para ser parte de él. Los narcotraficantes que financiaban a buena parte de esas fuerzas irregulares entendieron que no alcanzaba con las balas, sino que necesitaban un paraguas político para sus negocios ilegales.

Escobar ya había hecho una experiencia política como representante a la Cámara (diputado) suplente, en 1982, por el partido Alternativa Liberal. Poco después, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lo vinculó con el narcotráfico y pidió su extradición. Para evitarlo el capo le declarara la guerra al Estado colombiano.

Con esta experiencia a la vista, se impuso la lógica implantada por los capos del Cartel de Cali, consistente en influir y financiar candidatos. El fenómeno se masificó y pasó a los libros de historia con el nombre de “parapolítica”, un fenómeno que llegó a su máxima expresión con el ascenso y la llegada a la Presidencia de Alvaro Uribe Vélez, que gobernó entre 2002 y 2010.

El 23 de julio de 2001 se reunieron en Santa Fe de Ralito, Córdoba, 32 dirigentes políticos (congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales) con cuatro comandantes de la cúpula paramilitar, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (“Don Berna”), Edward Cobo Téllez (“Domingo Vecino”) y Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), en representación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Firmaron un pacto secreto en el que los políticos se comprometieron a defender políticamente a las AUC a cambio del compromiso de los paramilitares, que controlaban 20 de los 32 departamentos del país, de garantizar que el control militar y financiero en sus zonas de influencia se tradujera en votos para los comicios legislativos de 2002. La campaña se hizo con más armas que afiches.

Ese mismo año Uribe ganó las elecciones presidenciales y apenas asumió, el 7 de agosto, presentó ante el Congreso de la República una iniciativa de reforma constitucional tendiente a indultar a los paramilitares y crear las condiciones para que tuvieran representación parlamentaria directa y en los concejos y asambleas regionales.

El 29 de noviembre las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades y comenzaron las negociaciones de paz que terminaron con la firma de un acuerdo de desmovilización, en junio de 2003, en un acto que simbólicamente se realizó en Santa Fe de Ralito. Esta vez el acto fue público.

La desmovilización de los paramilitares se produjo, centralmente, entre 2004 y 2006, pero la parapolítica siguió vigente hasta que los exjefes de las AUC rompieron el pacto de silencio en represalia por sus extradiciones a Estados Unidos. Prácticamente toda la cúpula del uribismo, tanto en el Congreso como en el gobierno, está presa o procesada por vinculos con los paramilitares y sus miles de asesinatos. La historia continúa.

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