Por Aníbal Gutiérrez (publicada en Gaceta Mercantil el 5/1/16)

Ultimamente escuchamos muy seguido la palabra impunidad. Pero, ¿realmente sabemos qué es, cómo se manifiesta, cómo se la mide, cómo se la combate?

Creo que no.

Se puede entender la impunidad como un fenómeno multidimensional, que aparece cotidianamente e involucra a dos sectores fundamentales del Estado: las instituciones de seguridad y justicia. Y se la puede definir de manera muy sencilla a partir de su raíz etimológica: “crimen sin castigo”. Pero también está íntimamente relacionada con la desigualdad en el acceso a la justicia, con diseños institucionales obsoletos, con falta de capacidad de planificación y de organización y con desprecio por los derechos de los ciudadanos, entre otros aspectos.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU habla de impunidad en dos dimensiones: la de hecho y la de derecho. La impunidad de hecho se refiere a la debilidad de las instituciones para castigar, potenciada por todas aquellas acciones que obstaculizan la independencia y la imparcialidad de la justicia. La impunidad de derecho se refiere a leyes o decretos que impiden que algunas personas comparezcan ante la justicia.

De lo dicho hasta ahora surge una pregunta: ¿por qué es importante la impunidad? Porque provoca la perdida de confianza de la población en las instituciones públicas. Porque cuanto más democracia, menos impunidad.

Respecto de cómo se mide la impunidad se pueden encontrar dos modelos que emplean numerosas organizaciones en el mundo. El primero se basa en el concepto de impunidad en sentido estricto; es decir, cuantifica los delitos cometidos que quedaron sin castigar. El segundo modelo tiene en cuenta las causas y las condiciones que mantienen el estado de impunidad, los autores a quienes se les imputan los casos y la percepción ciudadana.

Hace poco, la Universidad de las Américas Puebla (México) sumó otra mirada al construir por primera vez un índice global de impunidad.

Este índice mide tres dimensiones de las instituciones de seguridad y justicia.

Esas tres dimensiones son la estructural, que es aquella diseñada para reportar la capacidad del Estado para castigar; la funcional, que es la que registra cómo operan las instituciones encargadas de castigar, y la de derechos humanos, que evalúa la situación respecto de los delitos cometidos por el propio Estado.

Para la elaboración del índice se seleccionaron 14 indicadores que miden las dimensiones antes descritas y que siguen la trayectoria que va del delito al castigo (delito, denuncia, investigación, proceso, condena y ejecución de la pena).

El resultado, entre los 59 países analizados, pone a la Argentina en la posición 11 entre los de mayor impunidad.

Esta es una forma de ver y analizar el problema. Existen otras. En Centroamérica intentan, con el aporte de expertos internacionales, atacar frontalmente el flagelo de la impunidad. Lo hacen a través de comisiones patrocinadas por la ONU y la OEA en Guatemala y Honduras, respectivamente.

El problema es serio pero todavía estamos a tiempo. Es imperioso que nos pongamos a pensar, a estudiar, a debatir, a proponer y a ejecutar.

 

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