Por Aníbal Gutiérrez (publicada en Gaceta Mercantil el 2/2/16)

La semana pasada se dio a conocer el Índice de Percepción de Corrupción para 2015 que todos los años elabora Transparencia Internacional. Una simple mirada nos muestra que la corrupción es un flagelo que sufre la casi totalidad de los países de Latinoamérica.

De los 19 países de Centro y Sudamérica, 8 de ellos se encuentran arriba del puesto 100 sobre un total de 168. La Argentina se ubica en el puesto 107 y se mantiene por arriba del puesto 100 desde 2007.

En medio de esa realidad, existen actualmente dos modelos que combinan lucha contra la corrupción y cooperación internacional.

En 2008, y después de años de presiones de la sociedad civil, el Estado guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para la instalación en ese país de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

La CICIG es un organismo integrado por expertos internacionales, destinado a apoyar a las instituciones guatemaltecas en la lucha contra las estructuras de crimen organizado que operan en el país y que tengan vinculaciones con agentes públicos que puedan proveerles impunidad.

Para ello, tres son sus funciones principales: investigar, acusar y llevar a juicio, junto con los fiscales del país, a los integrantes de esas estructuras delictuales; proponer las políticas públicas necesarias (tanto en materia normativa como de fortalecimiento institucional) para evitar el accionar y la reaparición de esas estructuras una vez que fueron desmanteladas, y emitir informes temáticos que permitan el análisis de los fenómenos criminales existentes y cómo impactan en el pleno goce de los derechos civiles, políticos y económicos de la ciudadanía.

Es decir que la CICIG, producto de lo establecido en su acuerdo de creación, tiene amplias facultades para actuar, ya que puede investigar de manera independiente (con policías, fiscales y analistas criminales internacionales) a las estructuras que puedan estar presentes en el país. También el mismo acuerdo establece que las instituciones públicas están obligadas a entregar la información que les sea solicitada en el marco de las investigaciones que se lleven adelante.

La actuación de la CICIG es un tema de discusión permanente en la prensa, la política y las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala.

Sus logros, entre los que se cuentan la detención y el juicio de dos ex presidentes, una vicepresidenta, dos presidentes del Congreso y centenares de funcionarios y empleados públicos, incluyendo jueces y fiscales, son exhibidos por quienes defienden la permanencia de esa instancia internacional.

Una injerencia desmedida y pocas acciones destinadas a cambiar de forma sistémica las instituciones de seguridad y justicia son algunas de las criticas que se esgrimen desde la vereda opuesta.

Por su parte, en Honduras, y producto de la acuciante realidad que en materia de inseguridad y corrupción vive la ciudadanía, se levantaron numerosas voces que pedían la instalación de una comisión similar a la que funciona en Guatemala.

Numerosas marchas organizadas por asociaciones civiles obligaron al gobierno a rever la decisión inicial de oposición a ese tipo de solución.

Después de meses de negociaciones, el pasado 19 de enero el Presidente de Honduras y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron el acuerdo que crea la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Los principios que guiarán el trabajo de la MACCIH serán independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y transparencia.

Sus principales líneas de acción serán el acompañamiento y el asesoramiento en la investigación y la persecución penal en casos de corrupción pública; la construcción de un observatorio que monitoreará el funcionamiento del sistema de justicia; la propuesta de medidas de fortalecimiento destinadas a mejorar la efectividad y la calidad de las instituciones públicas, así como la promoción de un nuevos marcos jurídicos en materia electoral, de financiamiento de los partidos políticos y de combate a la corrupción en el sector privado.

Según informan distintos medios de comunicación, las primeras acciones de la MACCIH estarán dirigidas a mas de un centenar de casos de corrupción existentes en el Instituto de Seguridad Social y en la Policia.

La gran diferencia que existe entre el modelo adoptado por Honduras y el que funciona en Guatemala es la facultad de investigación independiente. En Guatemala la CICIG investiga todas aquellas causas que considera que se ajustan a su mandato, y una vez en juicio participa activamente del proceso como querellante. En Honduras la MACCIH acompañará a las autoridades nacionales mediante el asesoramiento y la colaboración, pero no podrá investigar por sí misma ni participar como parte en los procesos judiciales.

Dos modelos que existen en Latinoamérica para combatir un flagelo común: corrupción e impunidad.

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