Por Aníbal Gutiérrez (publicada en Gaceta Mercantil el 14/1/16)

Estos últimos días, a partir de la fuga y la captura de los tres condenados por los crímenes de General Rodriguez, asistimos, con mayor o menor nivel de sorpresa, a la demostración palpable de que los vínculos entre el crimen y la política son mayores de lo que se quiere reconocer; que la corrupción estatal y la cooptación de las fuerzas de seguridad y penitenciarias alcanzan niveles preocupantes; que la falta de entrenamiento y capacitación impiden que los buenos agentes de seguridad rindan todo lo que podrían; que la narcoactividad juega de local a diario, y que la impunidad, en definitiva, viene ganando esta partida con relativa facilidad.

El camino a emprender será largo y seguramente complejo pero es imprescindible iniciarlo con una serie de medidas que podrán, si se las sostiene en el tiempo, mostrar la luz al final del túnel.

Algunas de ellas podrían ser:

  1. Política de estado. El combate al crimen organizado en todas sus formas debe estar fuera de la agenda de discusión electoral. A nivel nacional, y también a nivel provincial, debe lograrse un acuerdo mínimo entre las fuerzas políticas para que las estructuras vigentes sepan que no se enfrentan con un gobierno sino que lo hacen con la sociedad en su conjunto.
  1. Plan estratégico integral. Más allá de las medidas coyunturales que sea necesario tomar en lo inmediato, debe iniciarse un proceso de planificación estratégica que contenga como ejes principales la prevención para tender a la construcción de un país más seguro, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad para que sean cada vez más profesionales y la incorporación de tecnología para poder hacer frente a modalidades delictivas cada vez más complejas.
  1. Extinción de dominio. La sanción y ejecución de una ley que cree la figura de la extinción de dominio contra los bienes de origen ilícito. Este instrumento de política criminal será una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca en la persecución de todos aquellos activos derivados de la actividad criminal.
  1. Reforma policial y penitenciaria. Las policías y los servicios penitenciarios son instituciones con más de cien años de existencia en algunos casos. Son instituciones pensadas para tipos y formas de delito que ya no existen. Por esto es fundamental volver a pensar qué tipo de instituciones policiales y penitenciarias necesita el país y encarar una reforma coordinada entre los niveles federal y provinciales que vuelva a definir a estas instituciones, el perfil de sus integrantes y la transparencia de sus actividades.
  1. Agencia especializada en el combate al crimen organizado. Se debe crear un organismo altamente especializado de carácter federal que se enfoque en la investigación de las distintas modalidades de crimen organizado.
  1. Reforma política. Debe iniciarse una profunda reforma que incluya modalidades y controles del financiamiento de la política, de modo que las estructuras criminales existentes tengan vedada cualquier forma de aporte al funcionamiento y las campañas de las organizaciones partidarias.

La oportunidad de empezar el trabajo es ahora. Ya es tiempo de empezar.

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